jueves, 12 de marzo de 2015
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Tema Central
Estado, Constitución y Derechos
Humanos
Cerca del Amanecer
Participación política de las mujeres a partir de
la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito municipal en Bolivia
Olivia Román *
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El presente
artículo hace un balance de los resultados de la participación política de
las mujeres a partir de la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito
municipal en Bolivia. Los aspectos a ser abordados son la ampliación de la
participación política femenina y las condiciones de inserción política en el
país.
Para este
propósito, se presenta previamente una reflexión teórica inicial acerca de la
dicotomía público/privado como mecanismo de exclusión de las mujeres de la
esfera política; y, un breve análisis del marco normativo y el contexto
internacional en el que se plantea la Ley de Cuotas en Bolivia.
Reflexiones previas
Considero
importante iniciar la reflexión sobre ciudadanía política de las mujeres
desde los principios de exclusión contenidos en la dicotomía público/privado,
ya que en ellos se sostiene el confinamiento de las mujeres al ámbito privado
–el de la reproducción— y la afirmación de la titularidad del hombre en el
ámbito público –el de la producción y de la política—, que por definición es
el espacio de la toma de decisiones y, por tanto, el ámbito del poder.
Si bien es cierto
que también en el ámbito privado se establecen relaciones de poder que
afectan sus vínculos familiares y de pareja, exponiéndolas a situaciones de
violencia psicológica, física y económica, dejo de lado ex profeso este
hecho por exceder a los objetivos del presente artículo, simplemente lo
menciono en tanto restringen la participación de las mujeres en el ámbito
público.
Quien más ha
aportado al develamiento de esta construcción socio cultural del género
vinculada a la dicotomía público/privado y sus implicaciones en la ciudadanía
de las mujeres es la australiana Carole Pateman (1). Quien partiendo del cuestionamiento de la
neutralidad del concepto de ciudadanía universal en las ciencias políticas,
pone en evidencia el carácter patriarcal del liberalismo, mostrando que es
masculino el sujeto de derecho y que esa universalidad excluye a las mujeres
del ámbito público.
Muestra la relación
entre la división sexual y la división espacial –público/privado— y la
sujeción, que esto produce, de las mujeres respecto de los hombres, en tanto,
la esfera pública es socialmente valorada por sobre la esfera privada,
cuestionando tal valoración como mecanismo de subalternización de las
mujeres. Básicamente, se remonta hasta los orígenes del liberalismo y la
separación entre lo público y lo privado, clarificando en esta separación la
implícita división sexual y la naturalización de la subordinación de las
mujeres. Al respecto señala, Una de las consecuencias importantes de
esa concepción de lo privado y lo público es que la teoría liberal (y de
hecho, prácticamente toda la teoría política) conceptualiza y trata el mundo
público, o de la sociedad civil, haciendo abstracción de –o como algo
separado de— la esfera doméstica privada (…) así pues, la división entre
público y privado se vuelve a establecer dentro de la sociedad civil, dentro
del mundo de los varones. Lo cual implica una división entre “sociedad”
y “Estado”, de “economía” y “política”, de “libertad” y “coerción” o de
“social” y “político”. (Pateman, 1996:35).
Así Pateman critica
a la filosofía política occidental y remite a la discusión acerca de la
exclusión de las mujeres del ámbito de la política en las modernas
democracias, en tanto, se basan en relaciones naturalizadoras de una
ciudadanía excluyente asentada en la división sexual del trabajo y la
desigualdad política entre hombres y mujeres, lo cual, plantea la necesidad
de pensar en una ciudadanía de iguales sobre el reconocimiento de la
diferencia.
Los movimientos
sufragistas se han abocado enteramente a buscar un reconocimiento de la
ciudadanía de las mujeres, sin cuestionar esta búsqueda de igualación a los
derechos de los hombres contenidos en la perspectiva universalista. Pese a
esta debilidad, el logro del sufragio para las mujeres ha abierto un camino
que es innegable y contiene el germen del reconocimiento y reivindicación de
otros derechos más amplios –sociales y políticos— para las mujeres.
Existen
antecedentes históricos de la participación de las mujeres en espacios
políticos en América Latina, los ejemplos más relevantes y parte constitutiva
de nuestra historia se refieren a la época de las guerras independentistas
durante la primera mitad del siglo XIX.
Posteriormente, los
movimientos sufragistas en cada uno de los países latinoamericanos tuvieron
que transitar un proceso social de varias décadas para llegar a la promulgación
de las respectivas leyes de derecho al voto para las mujeres.
En este marco
general de reconocimiento formal de ciudadanía civil de las mujeres, los
movimientos feministas en el mundo, han planteado el debate de los derechos
sociales y políticos con el objetivo de lograr la inclusión de las mujeres en
la esfera pública. En torno a ellos se han articulado las redes feministas y
logrado algunos avances que se han formalizado en declaraciones y convenios
internacionales, de tal suerte que se ha creado un contexto internacional
propicio para el tratamiento de los derechos políticos de las mujeres en el
nivel nacional. Dos son los marcos más relevantes en este caso:
i) La Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada
en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye el
referente internacional más importante hasta entonces sobre los derechos de
las mujeres, puesto que, define lo que constituye la discriminación contra
las mujeres y, establece una agenda para la implementación normativa por
parte de los Estados signatarios para eliminar la discriminación. La
importancia de la CEDAW es tanto simbólica como efectiva, en tanto, a través
del Comité se encarga del seguimiento e implementación por parte de los
Estados y de atender los casos de las contravenciones a la CEDAW.
ii) Las
conferencias mundiales sobre la mujer, las cuales constituyen plataformas de
acción que comprometen a organizaciones y gobiernos a implementar acciones en
pro de las mujeres. En este sentido, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Beijing en 1995, puso especial énfasis en la igualdad de
la mujer, a partir de éstase empieza a hacer hincapié en la necesidad de
que las mujeres estén, en condiciones paritarias con los hombres, en todos
aquellos lugares donde se toman las decisiones políticas cruciales de una
sociedad (León y Holguín, citado en Wills, 2005:208) (2). Las decisiones de la IV Conferencia de
Beijing son tomadas como mandato por los movimientos feministas, las ONG y
las instancias gubernamentales de género, los resultados que producen en los
años inmediatamente posteriores en varios países son visibles.
En los países
andinos –Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia—, a partir de 1997 se dictaron las
leyes de cuotas, con variantes según cada país. En Colombia las cuotas se
aplican a cargos decisorios en el Gobierno (3), en Ecuador a empresas privadas, rama
judicial y listas electorales, en Perú a listas elegibles para el Congreso y
Municipio y en Bolivia al Congreso (Wills, 2005).
Bolivia
1. Ampliación de la participación política femenina
En el caso
boliviano, el debate de los derechos civiles y políticos de las mujeres fue
iniciado en 1895 por el Partido Liberal; posteriormente, la poetisa Adela
Zamudio (1854-1928) retomó el tema cuestionando duramente en su obra y su
accionar público la discriminación de que la mujer era objeto en su tiempo y
reivindicó la ciudadanía de las mujeres de manera persistente e incluso a
veces irónica (4), fundó el Ateneo Femenino en 1923, órgano
que luchó por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Posteriormente, sus
discípulas formaron la Legión Femenina de Educación Popular América en 1935,
instancia que convocó al primer congreso feminista del país en noviembre de
1936, con la presencia de delegadas de los nueve departamentos. Según García
Mérida (2005), los principales postulados de este congreso estaban referidos
a la lucha por la consecución de los derechos civiles y políticos, derecho
irrestricto al voto, enseñanza de educación sexual en los colegios y derechos
laborales.
De acuerdo al mismo
autor, este congreso encontró furibunda oposición de parte de la iglesia
católica encarnada en la persona del obispo Francisco Pierini, quien publicó
en Sucre en el periódico “El Lábaro”:
“Estoy asustado,
apenado al extremo de no poder callar… al saber que aquí se está organizando
una sociedad de señoras con fines trascendentalmente funestos. Pero me dirán,
¿qué tienes tú que ver con las señoras? Mucho por ahora y muchísimo porque es
el caso que tal sociedad tiene por objeto desmoralizar, malearlas, hacerlas
marimachos, libres de la potestad de los maridos, con todos los derechos del
hombre, cínicas a las sanciones sociales, impávidas en sus faltas usurpadoras
de legítimos derechos (…).
Poniendo en tela de
juicio la feminidad de las libertarias, Pierini se opone abiertamente a que
las mujeres ingresen a las universidades para estudiar profesiones como el
Derecho:
“¿Y creen ustedes
lectores y lectoras que los jóvenes decentes se van a poder enamorar de esos
masculinos como ellas? ¿Qué en vez de tiernas miradas, de lágrimas de pena,
de ráfagas de candor, va a encontrarse con un abogadil malicioso e irónico
que le muestre, en vez de una sonrisa, un artículo del código? ¿Que lo viva
amenazando con denuncias, juicios y el colmo que le enseñe, ¡ella!, la nueva
ciencia, aquella que yo, hombre, no me animo a clasificar? (periódico “El
Lábaro”, citado por García Mérida, 2005)
Estas palabras,
dicen por sí solas la discriminación de que eran objeto las mujeres en tanto
seres humanos pensantes y sujetas de derechos, aludiendo a estas cualidades
como meramente masculinas e ironizando de una forma excesiva con la alusión a
las “virtudes femeninas” como base y fundamento de su condición de personas.
Ambas
organizaciones, Ateneo Femenino y Legión Femenina de Educación Popular
América, reivindicaron una serie de derechos, principalmente el derecho al
voto y el reconocimiento de igualdad de derechos, sin embargo, sólo
consiguieron este último en la Constitución de 1938 y recién en 1952 fue
reconocido el derecho al voto de las mujeres con la promulgación del voto
universal junto con los indígenas y analfabetos.
Este panorama se
complementa con la amplia tradición de participación política de las mujeres
en Bolivia, que lamentablemente, se queda en el nivel de la participación en
las acciones de conquista, reconquista y lucha por la democracia, esta
participación ha sido históricamente despojada de su componente político y
reducida a una participación vinculada a la reproducción y a la
reivindicación de los derechos de sus compañeros (5). Con excepción de las mujeres que
participaron en la Revolución Nacional de 1952, militando en el MNR (6) en la década de 1950, a quienes se les
reconoce un accionar político que les abrió puertas en espacios
gubernamentales decisivos.
Esta visión cambia
en la década de 1970 con la conformación de grupos organizados de mujeres que
se articulan a los partidos políticos y al movimiento feminista, que desde la
academia y las organizaciones e instituciones van consolidando un discurso
que a lo largo de las décadas posteriores van cristalizándose en propuestas
concretas de orden político.
Así hoy se puede
reivindicar la participación de las mujeres que lucharon contra la dictadura
(7) de Banzer (1971-1978) desde la
clandestinidad o estuvieron presas, fueron torturadas y desaparecidas.
Además, es destacable la participación de mujeres de sectores tradicionalmente
excluidos que participaron en acciones que van desde la huelga de hambre
–mujeres mineras— por la recuperación de la democracia (8) y, en movimientos sociales que inicialmente
tenían un componente meramente social, pero que con la maduración de los
propios movimientos le dotan a sus acciones colectivas de un componente
político en tanto sus acciones pasan a reivindicar DD.HH. y políticos como es
el caso de las mujeres campesinas organizadas en la Confederación de Mujeres
Campesinas “Bartolina Sisa” y la Federación de Mujeres Cocaleras.
Como se anota en
las reflexiones previas , el contexto internacional
posibilitó las condiciones para los cambios referentes a la
institucionalización de los mecanismos de discriminación positiva (9) para la participación política de las
mujeres, dando lugar a la sanción de la Ley de Cuotas en Bolivia y las
modificaciones al Código Electoral, permitiendo la ampliación de la
participación política femenina desde el punto de vista formal. Entre
presiones y concesiones, negociación y legislación se inicia el transcurrir
de las mujeres bolivianas entre la larga noche de la exclusión política y el
amanecer.
2. Participación política femenina en el ámbito municipal
En el ámbito
exclusivamente local existen restricciones de orden social y cultural para
cambiar la situación de ciudadanas de segunda clase, así por ejemplo, en la
cosmovisión andina, donde la lógica de complementariedad –chacha-warmi (10) como una figura dotada de un sustento
ideológico, con barniz culturalista, que encubre la relación de poder—
refuerza un modelo patriarcal en el cual el poder y el dominio de las reglas
de lo público son exclusivas de los varones aunque las mujeres participen (en
calidad de acompañantes) de lo público, las posibilidades de participación
política de las mujeres son altamente restrictivas.
¿Qué posibilidades
existen de ampliar la ciudadanía formal de las mujeres hacia una ciudadanía
plena?
A riesgo de que la
respuesta resulte aparentemente contradictoria, considero que pese a estas
restricciones y cuestionamientos de posibilidad, el municipio constituye el
ámbito más cercano para el ejercicio ciudadano y la participación política y,
es ahí donde se incuban los liderazgos femeninos, a partir de articulaciones
de la vida cotidiana con organizaciones sociales, gremiales, sindicales o de
cualquier otra índole que tengan presencia significativa en el municipio para
“poner en la mirada del otro” a las potenciales portadoras de demandas
sociales en general y de género simbólicamente.
El ámbito local no
puede ser mirado solamente en sí mismo, sino en sus articulaciones con el
ámbito global y en ellas se engendran las posibilidades de ampliación de la
participación política, en tanto la mirada de actores sociales e
institucionales –las feministas, organismos de Derechos Humanos, ONG de
mujeres, e inclusive agencias de desarrollo, al margen de sus intereses
específicos— se constituyen en situación base para un cambio orientado a la
ampliación de ciudadanía y a veces en garantía del ejercicio de derechos
políticos a través de las redes de articulación global, cuya trama es un
referente y un medio. Por supuesto, estas posibilidades de articulación a
redes locales y globales tienen sus límites en las propias limitaciones de
país con grandes dificultades de acceso material y persistentes patrones y
condiciones de exclusión.
La obligatoriedad y la alternancia
Si bien la Ley de
Cuotas (11) establece un mínimo de 30% de mujeres en
las listas para la Cámara Baja (Diputados) y 25% para la Cámara Alta
(Senadores), no estipula nada con respecto al nivel Municipal. Sin embargo,
esta ley constituyó la situación base para la ampliación de la participación
de las mujeres en el ámbito municipal, al respecto Lazarte señala, Aun
cuando esta facultad se refiere sólo a las listas de candidatos en elecciones
nacionales, por analogía el organismo electoral la aplicó también a las
listas de candidatos en elecciones locales, estableciendo con ello
jurisprudencia (p.259) (12).
La aplicación de la
Ley de Cuotas encontró límites en la falta de voluntad política de los
partidos, que inclusive recurrieron a impostar los nombres de los hombres
cambiando la terminación de modo que se produjo un escándalo conocido como
“los candidatos travestis” (Wills, 2005 y Lazarte); y, en la poca
disponibilidad de las mujeres en las elecciones inmediatas a su promulgación,
con el paso del tiempo estas dificultades se fueron superando, a ello
contribuyeron las organizaciones feministas, ONG y Foro Político de Mujeres (13) y en última instancia lo viabilizaron los
partidos e inclusive incorporaron a sus estatutos por la presión y cabildeo
del movimiento feminista. Los partidos han incorporado estos
principios de “discriminación positiva” en sus propios estatutos, en algunos
pocos casos elevando la cuota hasta el 50%. En los hechos, la cuota no fue
apoyada entusiastamente por los partidos políticos, aun por aquellos que la
hicieron posible. Fue necesaria una presión del lobby de mujeres para poner
en situaciones críticas a los parlamentarios que tuvieron que ceder sin
ninguna convicción (Lazarte, p. 259-260).
Se ha
institucionalizado la obligatoriedad de la participación política tanto como
vía de entrada como de salida porque la aplicación de las cuotas en el nivel
local –municipal, la instancia del Estado concreta, visible, aprehensible, el
más cercano a la vida cotidiana de la gran mayoría de los ciudadanos a partir
de 1994—, se convierte para las mujeres en 1997, con la sanción de la Ley de
Cuotas, en la posibilidad de utilizar este resquicio para proyectar sus
liderazgos hasta entonces comunales, gremiales, sindicales en participación
en cargos electivos dentro del sistema político.
Ciertamente, este
mecanismo, no garantizaba la participación cuantitativa esperada por el
movimiento de mujeres, debido a las argucias de los partidos, que ponían a
las mujeres fuera de la franja de seguridad de las listas, pero, con el
tiempo se fue perfeccionando la norma y para las siguientes elecciones
municipales se obtuvo la alternabilidad, al respecto Lazarte afirma que En
las listas de candidatos a concejales el procedimiento es más complejo, pero
esencialmente se prescribe la alternancia entre hombres y mujeres en las
primeras candidaturas, de tal modo que el conjunto comprenda “al menos” el
30% de mujeres (p.259).
Estrategias de participación
Las estrategias
para la participación de las mujeres fueron muchas y muy variadas. Hubo casos
en los que debido a sus liderazgos organizacionales, gremiales, sindicales,
los partidos las visibilizaron ante la urgencia de conseguir candidatas para
sus listas; otros en los que fueron sus propias organizaciones las que
negociaron con los partidos políticos la inclusión de sus representantes a
cambio de votos y demandas; otros en los que las organizaciones sindicales
eligieron candidatas en sus ampliados (14) y negociaron en el marco de las demandas
sectoriales con los partidos; aunque también, hubo designaciones partidarias
de tipo personal que llevaron mujeres allegadas por lazos de amistad,
parentesco y compadrazgo sin trayectoria política alguna. Estas estrategias
no niegan que también hubo vinculación política de mediana y larga data de
las mujeres a los partidos políticos, militancia con base en la ideología.
Resultados cuantitativos y cualitativos
De acuerdo a datos
consignados por la Asociación de Concejalas de Bolivia, se tiene una
participación, con alta variabilidad, habiendo alcanzado en 1999, un nivel
superior al mínimo establecido por la Ley de Cuotas. Como se puede apreciar a
continuación en el cuadro que muestra el número de concejalas electas y, la
gráfica que muestra los porcentajes:
MUNICIPIOS
Fuente:
http://www.enlared.org.bo/acobol/cgdefault.asp?cg=65
Fuente:
http://www.enlared.org.bo/acobol/cgdefault.asp?cg=65
Es importante notar
que las cifras consignadas para 1991 y 1993 hacen referencia a un número
reducido de municipios, puesto que en Bolivia con la Ley de Participación
Popular (1994) se municipaliza el territorio nacional pasando de 27 (16) a 314 municipios y se amplió la
jurisdicción de las Alcaldías Municipales, hasta entonces exclusivamente
urbana, al área rural.
La implementación
de Ley de Participación Popular (LPP), creó muchas expectativas en el
movimiento de mujeres, pero los resultados obtenidos en las elecciones
municipales de 1995 produjeron un desencanto en la participación política de
la mujer. No es casual que las elecciones municipales de 1995, primera
después de la municipalización, las mujeres alcanzaran apenas el 8.3% de los
cargos electivos en el nivel local –alcaldesas y concejalas—, este dato
muestra el bajo acceso de las mujeres a la política.
Esta situación se
explica por cuatro razones: i) la revalorización del municipio como espacio
de poder; ii) por intereses prácticos y no estratégicos de las mujeres
sobretodo en municipios con alto porcentaje de población rural, donde las
expectativas de la población estaban centradas en la construcción de obras de
infraestructura vial, sanitaria, educativa y de salud y no en la superación
de la inequidad de género; iii) porque la construcción socio cultural del
género restringe la participación política femenina; y, iv) por limitaciones
de la LPP , que propone la conformación de las instancias organizativas
territoriales municipales sobre la base de “usos y costumbres”, que en los
hechos significa, de acuerdo a las formas organizativas comunales, que son
profundamente patriarcales.
Sin embargo, como
se puede ver en los datos de las elecciones de 1999, existe un notable
repunte en los resultados electorales alcanzados por las mujeres con respecto
a las elecciones de 1995, esto se explica por dos factores: i) normativo,
ajustes al Código Electoral que determinan la alternabilidad; y, ii)
consolidación de la presencia de líderes mujeres en el ámbito local tanto
porque el tema de las cuotas se va posicionando en los partidos políticos
–aunque a regañadientes-, como porque las mujeres han sabido aprovechar el
espacio de apertura y responder al desafío mediante la formación de líderes y
con el apoyo de diversas instancias institucionales a la participación y
gestión política local de las mujeres.
La participación de
las mujeres no siempre ha garantizado una perspectiva de género y este es el
cuestionamiento a la calidad de la participación de mujeres en los
municipios. En muchos municipios se trasladó a los Concejos Municipales la
conocida práctica de las organizaciones sindicales de designar a las mujeres
en carteras vinculadas con bienestar y tesorería. Posteriormente, en casi
todos los Concejos se crearon las Comisiones de Género, generalmente
presididas por mujeres, esta fue una de las instancias estratégicas para imprimirle
a su gestión un enfoque de equidad de género en aquellos municipios en los
que en articulación con organizaciones, ONG y sobretodo con el apoyo de la
Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) se presentaron proyectos para
favorecer a las mujeres, tales como programas de alfabetización, proyectos
productivos, capacitación de líderes, etc.
ACOBOL (17) consigna muchos logros de la gestión local
con enfoque de género de las mujeres, sólo para ejemplificar, transcribo la
experiencia de una Concejala de un municipio eminentemente rural:
a partir de
septiembre de 2000 programé y realicé reuniones con las mujeres participantes
de las cumbres y los Encuentros de Avance (EDAs) municipales para informar de
la importancia para las mujeres de contar con un presupuesto para fortalecer
y capacitar nuestras organizaciones femeninas, solicitándoles apoyo para
proponer la inclusión de este requerimiento en el POA de la gestión 2001 y
gestiones posteriores, el mismo fue apoyado por todos y todas los/as
presentes que acudieron a estos eventos. (ACOBOL, 2005:55)
Otro ejemplo de
gestión con enfoque de género desarrollado por mujeres concejalas en otro
municipio:
Durante los últimos
cuatro años se realizaron gestiones ante el Ejecutivo Municipal para poder
dotar de alimentación a este internado porque al no contar con alimentación y
el costo que el mismo implica, las mujeres campesinas abandonaban el
internado dejando inconclusos sus estudios de bachillerato pedagógico y
maestras rurales, causando un gran perjuicio en sus comunidades.
Después de arduas
gestiones se logró que en julio de 2003 el Ejecutivo Municipal aprobara dotar
de un presupuesto de Bs.4.000 por mes para la alimentación de las mujeres
campesinas, logrando así que ya no haya deserción, y más mujeres campesinas
se interesen en acceder a este Bachillerato pedagógico con la seguridad de no
preocuparse si van a tener o no para su alimentación diaria. (ACOBOL,
2005:49)
3. Condiciones de inserción política
Si bien, en Bolivia
existe una ampliación de derechos políticos como se afirma líneas arriba, no
se puede ignorar que eso tiene un costo para las mujeres, en la medida que su
mayor participación económica, social y política no significa que su
condición mejore automáticamente, por el contrario restringen su tiempo
reproductivo sin lograr hasta el momento compartir esas cargas con sus
compañeros, la doble jornada femenina aún persiste y, en aquellos casos en
que la mujer es ciudadana activa y gestora del desarrollo local, pasa de
doble a triple jornada. Aquí cabe otra pregunta que aún no ha sido respondida
con respecto a la participación política ¿hablamos de ampliación vs.
restricción?
• Cooptación
Los partidos
políticos ante la necesidad de llenar el requisito de las cuotas en las
listas electorales han recurrido a muchas estrategias para resistirse a ceder
espacios que hasta antes de la exigibilidad de cuotas para las mujeres eran
ocupados sobretodo por los hombres. Una forma de cooptación de mujeres líderes
es de manera individual, pero existe también la forma de cooptación a la
organización y ésta se encarga de “facilitar” candidatas al partido. En ambos
casos, la forma de cooptación puede ser mediatizada por dinero para obras o
en base a pactos políticos.
• Subalternidad
Una vez que fui
posesionada, en el transcurso de la segunda sesión el señor Giovanni Yapura
me trajo una carta con mi renuncia escrita, pidiéndome que firme esa nota en
nombre del partido… (ACOBOL, 2005:47).
Este es uno de los más frecuentes testimonios de las Concejalas –cambian los
nombres y los municipios nada más— que habiendo sido electas son presionadas
para renunciar, algunas de ellas lo hacen, pero una gran mayoría se resiste a
veces con éxito y otras no.
Las presiones y el
trato desigual que reciben las mujeres Alcaldesas y Concejalas –con mayor
frecuencia en municipios pequeños y rurales que en municipios de las
capitales de departamentos— son frecuentes, exponiéndolas a situaciones de
maltrato verbal, psicológico e inclusive físico, descrédito moral ante la
comunidad, lo que las propias Concejalas campesinas han denominado de
“acusaciones de corrupción sexual”.
Este tipo de
actitudes dan cuenta de un trato subalterno y despectivo, al cual las mujeres
no siempre están en condiciones de resistir o responder de manera favorable
para sí mismas y al cargo que representan.
“El año 1999 me
presenté a las Elecciones Municipales como candidata a primera concejala
suplente, representando al Partido Comunista de Bolivia (PCB). Mi partido ha ganado
las elecciones y obtuvimos tres concejales (sobre un total de cinco). Mi
titular fue elegido Alcalde Municipal, por lo que yo tenía que asumir la
titularidad, pero no me han dejado, hubo reuniones con el partido donde me
exigían que me inhabilite para que el candidato Benigno Cano sea titular.
Rechacé esta propuesta pero los hombres me presionaron, y no había quien me
apoye. Ante tanta presión acepté que durante media gestión Benigno Cano sea
titular y yo durante la otra media gestión. Me dijeron que no sabía nada
porque era mujer, han hablado hasta con mi marido por eso he tenido que
aceptar aunque sabía que era algo muy injusto porque yo fui dirigente de la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, representando a la
Secretaria de la Organización de Mujeres y hablo tres idiomas: español,
quechua y aymara”.
“Cuando pasaron los
dos años, participé de una reunión donde les recordé de nuestro acuerdo pero
me trataron mal. La discriminación contra la mujer es muy grande, incluso
dentro de los partidos. Al principio nos ofrecen todo y después que se
consigue el espacio nos tratan como ‘basura'. Les dije que me iba a quejar en
la ciudad pero ellos se adelantaron y el jefe de partido me dijo que lo
dejara continuar como concejal titular al señor Cano porque era un buen
dirigente y que yo “me iba a quemar”. Me di cuenta que es un poco difícil ser
concejal pero si uno se esfuerza aprende. Luego de consultar con un abogado y
presionar por un año y ocho meses, al final cedieron y pude asumir como concejala
titular. Por ello, el H. Cano se enojó conmigo y empezó a denigrarme en el
pueblo; dijo que yo era pobre, ignorante; que el tenía plata pero no me
importó. Ha llevado “cuentos” a mi marido lo que me ocasionó más de una pelea
de pareja. Pero después mi esposo me ha comprendido y me ha apoyado porque ha
visto como me discriminaban”. ( ACOBOL, 2005: 53)
Me permití la
transcripción in extenso de la experiencia de una Concejala,
que consigna ACOBOL en su publicación sobre las experiencias de las
Alcaldesas y Concejalas, por la cantidad de elementos que aporta para
entender las relaciones de poder imperantes en el ámbito local y con el cual
tienen que lidiar las mujeres para ejercer sus derechos políticos.
Cerca del amanecer
Pese a esta
participación histórica significativa en tanto trayectoria, la ciudadanía
política ejercida por las mujeres tiene grandes limitaciones que devienen de
la cultura autocentrada en referentes masculinos. Sin embargo, como se puede
constatar a lo largo del presente artículo, los espacios de participación
política por los que las mujeres en Bolivia están transcurriendo, van desde
los partidos políticos, movimientos sociales, gobiernos municipales y otros,
más allá de la cuestión de la cantidad y la calidad de esa participación. Lo cual,
muestra que pese a las restricciones y a las dificultades que las mujeres han
tenido que enfrentar para poder ejercer su ciudadanía política, finalmente,
se puede ya hablar de que se ha abierto una brecha en la cual, habrá que
trabajar para ensancharla y ejercer desde ahí un poder real con perspectiva
de equidad género.
Bibliografía
ACOBOL, E
xperiencias de alcaldesas y concejalas de Bolivia. Nuestra contribución a los
Municipios 2005
GARCÍA MÉRIDA,
Wilson, Sobre un episodio inédito en la historia del feminismo boliviano:
Recuerdos del Primer Congreso Feminista. Servicio Informativo Datos &
Análisis. 29 Nov 2005.
JIMÉNEZ, Maritza,
“Mujer y participación política” . En Seminario nacional mujer,
género y desarrollo . Coordinadora de la mujer, Misión de
Cooperación Técnica Holandesa-Plataforma de la mujer-Fundación San Gabriel,
La Paz. 1992
Lazarte, Jorge, R egulación
jurídica de los partidos políticos en Bolivia , s/f
Pateman, Carole,
“Críticas feministas a la dicotomía publico/privado”, en Perspectivas
feministas en teoría política , Carmen Castells (comp.), Buenos
Aires, Paidos, 1996, pp. 31-52
Wills Obregón,
María Emma, “Las cuotas de mujeres en el área andina: inferencias de una
comparación”, en Magdalena León (editora)Nadando contra la corriente.
Mujeres y cuotas políticas en los Países Andinos , FLACSO. 2005.
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Tema Central
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Cerca del Amanecer
Participación política de las mujeres a partir de
la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito municipal en Bolivia
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El presente
artículo hace un balance de los resultados de la participación política de
las mujeres a partir de la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito
municipal en Bolivia. Los aspectos a ser abordados son la ampliación de la
participación política femenina y las condiciones de inserción política en el
país.
Para este
propósito, se presenta previamente una reflexión teórica inicial acerca de la
dicotomía público/privado como mecanismo de exclusión de las mujeres de la
esfera política; y, un breve análisis del marco normativo y el contexto
internacional en el que se plantea la Ley de Cuotas en Bolivia.
Reflexiones previas
Considero
importante iniciar la reflexión sobre ciudadanía política de las mujeres
desde los principios de exclusión contenidos en la dicotomía público/privado,
ya que en ellos se sostiene el confinamiento de las mujeres al ámbito privado
–el de la reproducción— y la afirmación de la titularidad del hombre en el
ámbito público –el de la producción y de la política—, que por definición es
el espacio de la toma de decisiones y, por tanto, el ámbito del poder.
Si bien es cierto
que también en el ámbito privado se establecen relaciones de poder que
afectan sus vínculos familiares y de pareja, exponiéndolas a situaciones de
violencia psicológica, física y económica, dejo de lado ex profeso este
hecho por exceder a los objetivos del presente artículo, simplemente lo
menciono en tanto restringen la participación de las mujeres en el ámbito
público.
Quien más ha
aportado al develamiento de esta construcción socio cultural del género
vinculada a la dicotomía público/privado y sus implicaciones en la ciudadanía
de las mujeres es la australiana Carole Pateman (1). Quien partiendo del cuestionamiento de la
neutralidad del concepto de ciudadanía universal en las ciencias políticas,
pone en evidencia el carácter patriarcal del liberalismo, mostrando que es
masculino el sujeto de derecho y que esa universalidad excluye a las mujeres
del ámbito público.
Muestra la relación
entre la división sexual y la división espacial –público/privado— y la
sujeción, que esto produce, de las mujeres respecto de los hombres, en tanto,
la esfera pública es socialmente valorada por sobre la esfera privada,
cuestionando tal valoración como mecanismo de subalternización de las
mujeres. Básicamente, se remonta hasta los orígenes del liberalismo y la
separación entre lo público y lo privado, clarificando en esta separación la
implícita división sexual y la naturalización de la subordinación de las
mujeres. Al respecto señala, Una de las consecuencias importantes de
esa concepción de lo privado y lo público es que la teoría liberal (y de
hecho, prácticamente toda la teoría política) conceptualiza y trata el mundo
público, o de la sociedad civil, haciendo abstracción de –o como algo
separado de— la esfera doméstica privada (…) así pues, la división entre
público y privado se vuelve a establecer dentro de la sociedad civil, dentro
del mundo de los varones. Lo cual implica una división entre “sociedad”
y “Estado”, de “economía” y “política”, de “libertad” y “coerción” o de
“social” y “político”. (Pateman, 1996:35).
Así Pateman critica
a la filosofía política occidental y remite a la discusión acerca de la
exclusión de las mujeres del ámbito de la política en las modernas
democracias, en tanto, se basan en relaciones naturalizadoras de una
ciudadanía excluyente asentada en la división sexual del trabajo y la
desigualdad política entre hombres y mujeres, lo cual, plantea la necesidad
de pensar en una ciudadanía de iguales sobre el reconocimiento de la
diferencia.
Los movimientos
sufragistas se han abocado enteramente a buscar un reconocimiento de la
ciudadanía de las mujeres, sin cuestionar esta búsqueda de igualación a los
derechos de los hombres contenidos en la perspectiva universalista. Pese a
esta debilidad, el logro del sufragio para las mujeres ha abierto un camino
que es innegable y contiene el germen del reconocimiento y reivindicación de
otros derechos más amplios –sociales y políticos— para las mujeres.
Existen
antecedentes históricos de la participación de las mujeres en espacios
políticos en América Latina, los ejemplos más relevantes y parte constitutiva
de nuestra historia se refieren a la época de las guerras independentistas
durante la primera mitad del siglo XIX.
Posteriormente, los
movimientos sufragistas en cada uno de los países latinoamericanos tuvieron
que transitar un proceso social de varias décadas para llegar a la promulgación
de las respectivas leyes de derecho al voto para las mujeres.
En este marco
general de reconocimiento formal de ciudadanía civil de las mujeres, los
movimientos feministas en el mundo, han planteado el debate de los derechos
sociales y políticos con el objetivo de lograr la inclusión de las mujeres en
la esfera pública. En torno a ellos se han articulado las redes feministas y
logrado algunos avances que se han formalizado en declaraciones y convenios
internacionales, de tal suerte que se ha creado un contexto internacional
propicio para el tratamiento de los derechos políticos de las mujeres en el
nivel nacional. Dos son los marcos más relevantes en este caso:
i) La Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada
en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye el
referente internacional más importante hasta entonces sobre los derechos de
las mujeres, puesto que, define lo que constituye la discriminación contra
las mujeres y, establece una agenda para la implementación normativa por
parte de los Estados signatarios para eliminar la discriminación. La
importancia de la CEDAW es tanto simbólica como efectiva, en tanto, a través
del Comité se encarga del seguimiento e implementación por parte de los
Estados y de atender los casos de las contravenciones a la CEDAW.
ii) Las
conferencias mundiales sobre la mujer, las cuales constituyen plataformas de
acción que comprometen a organizaciones y gobiernos a implementar acciones en
pro de las mujeres. En este sentido, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Beijing en 1995, puso especial énfasis en la igualdad de
la mujer, a partir de éstase empieza a hacer hincapié en la necesidad de
que las mujeres estén, en condiciones paritarias con los hombres, en todos
aquellos lugares donde se toman las decisiones políticas cruciales de una
sociedad (León y Holguín, citado en Wills, 2005:208) (2). Las decisiones de la IV Conferencia de
Beijing son tomadas como mandato por los movimientos feministas, las ONG y
las instancias gubernamentales de género, los resultados que producen en los
años inmediatamente posteriores en varios países son visibles.
En los países
andinos –Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia—, a partir de 1997 se dictaron las
leyes de cuotas, con variantes según cada país. En Colombia las cuotas se
aplican a cargos decisorios en el Gobierno (3), en Ecuador a empresas privadas, rama
judicial y listas electorales, en Perú a listas elegibles para el Congreso y
Municipio y en Bolivia al Congreso (Wills, 2005).
Bolivia
1. Ampliación de la participación política femenina
En el caso
boliviano, el debate de los derechos civiles y políticos de las mujeres fue
iniciado en 1895 por el Partido Liberal; posteriormente, la poetisa Adela
Zamudio (1854-1928) retomó el tema cuestionando duramente en su obra y su
accionar público la discriminación de que la mujer era objeto en su tiempo y
reivindicó la ciudadanía de las mujeres de manera persistente e incluso a
veces irónica (4), fundó el Ateneo Femenino en 1923, órgano
que luchó por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Posteriormente, sus
discípulas formaron la Legión Femenina de Educación Popular América en 1935,
instancia que convocó al primer congreso feminista del país en noviembre de
1936, con la presencia de delegadas de los nueve departamentos. Según García
Mérida (2005), los principales postulados de este congreso estaban referidos
a la lucha por la consecución de los derechos civiles y políticos, derecho
irrestricto al voto, enseñanza de educación sexual en los colegios y derechos
laborales.
De acuerdo al mismo
autor, este congreso encontró furibunda oposición de parte de la iglesia
católica encarnada en la persona del obispo Francisco Pierini, quien publicó
en Sucre en el periódico “El Lábaro”:
“Estoy asustado,
apenado al extremo de no poder callar… al saber que aquí se está organizando
una sociedad de señoras con fines trascendentalmente funestos. Pero me dirán,
¿qué tienes tú que ver con las señoras? Mucho por ahora y muchísimo porque es
el caso que tal sociedad tiene por objeto desmoralizar, malearlas, hacerlas
marimachos, libres de la potestad de los maridos, con todos los derechos del
hombre, cínicas a las sanciones sociales, impávidas en sus faltas usurpadoras
de legítimos derechos (…).
Poniendo en tela de
juicio la feminidad de las libertarias, Pierini se opone abiertamente a que
las mujeres ingresen a las universidades para estudiar profesiones como el
Derecho:
“¿Y creen ustedes
lectores y lectoras que los jóvenes decentes se van a poder enamorar de esos
masculinos como ellas? ¿Qué en vez de tiernas miradas, de lágrimas de pena,
de ráfagas de candor, va a encontrarse con un abogadil malicioso e irónico
que le muestre, en vez de una sonrisa, un artículo del código? ¿Que lo viva
amenazando con denuncias, juicios y el colmo que le enseñe, ¡ella!, la nueva
ciencia, aquella que yo, hombre, no me animo a clasificar? (periódico “El
Lábaro”, citado por García Mérida, 2005)
Estas palabras,
dicen por sí solas la discriminación de que eran objeto las mujeres en tanto
seres humanos pensantes y sujetas de derechos, aludiendo a estas cualidades
como meramente masculinas e ironizando de una forma excesiva con la alusión a
las “virtudes femeninas” como base y fundamento de su condición de personas.
Ambas
organizaciones, Ateneo Femenino y Legión Femenina de Educación Popular
América, reivindicaron una serie de derechos, principalmente el derecho al
voto y el reconocimiento de igualdad de derechos, sin embargo, sólo
consiguieron este último en la Constitución de 1938 y recién en 1952 fue
reconocido el derecho al voto de las mujeres con la promulgación del voto
universal junto con los indígenas y analfabetos.
Este panorama se
complementa con la amplia tradición de participación política de las mujeres
en Bolivia, que lamentablemente, se queda en el nivel de la participación en
las acciones de conquista, reconquista y lucha por la democracia, esta
participación ha sido históricamente despojada de su componente político y
reducida a una participación vinculada a la reproducción y a la
reivindicación de los derechos de sus compañeros (5). Con excepción de las mujeres que
participaron en la Revolución Nacional de 1952, militando en el MNR (6) en la década de 1950, a quienes se les
reconoce un accionar político que les abrió puertas en espacios
gubernamentales decisivos.
Esta visión cambia
en la década de 1970 con la conformación de grupos organizados de mujeres que
se articulan a los partidos políticos y al movimiento feminista, que desde la
academia y las organizaciones e instituciones van consolidando un discurso
que a lo largo de las décadas posteriores van cristalizándose en propuestas
concretas de orden político.
Así hoy se puede
reivindicar la participación de las mujeres que lucharon contra la dictadura
(7) de Banzer (1971-1978) desde la
clandestinidad o estuvieron presas, fueron torturadas y desaparecidas.
Además, es destacable la participación de mujeres de sectores tradicionalmente
excluidos que participaron en acciones que van desde la huelga de hambre
–mujeres mineras— por la recuperación de la democracia (8) y, en movimientos sociales que inicialmente
tenían un componente meramente social, pero que con la maduración de los
propios movimientos le dotan a sus acciones colectivas de un componente
político en tanto sus acciones pasan a reivindicar DD.HH. y políticos como es
el caso de las mujeres campesinas organizadas en la Confederación de Mujeres
Campesinas “Bartolina Sisa” y la Federación de Mujeres Cocaleras.
Como se anota en
las reflexiones previas , el contexto internacional
posibilitó las condiciones para los cambios referentes a la
institucionalización de los mecanismos de discriminación positiva (9) para la participación política de las
mujeres, dando lugar a la sanción de la Ley de Cuotas en Bolivia y las
modificaciones al Código Electoral, permitiendo la ampliación de la
participación política femenina desde el punto de vista formal. Entre
presiones y concesiones, negociación y legislación se inicia el transcurrir
de las mujeres bolivianas entre la larga noche de la exclusión política y el
amanecer.
2. Participación política femenina en el ámbito municipal
En el ámbito
exclusivamente local existen restricciones de orden social y cultural para
cambiar la situación de ciudadanas de segunda clase, así por ejemplo, en la
cosmovisión andina, donde la lógica de complementariedad –chacha-warmi (10) como una figura dotada de un sustento
ideológico, con barniz culturalista, que encubre la relación de poder—
refuerza un modelo patriarcal en el cual el poder y el dominio de las reglas
de lo público son exclusivas de los varones aunque las mujeres participen (en
calidad de acompañantes) de lo público, las posibilidades de participación
política de las mujeres son altamente restrictivas.
¿Qué posibilidades
existen de ampliar la ciudadanía formal de las mujeres hacia una ciudadanía
plena?
A riesgo de que la
respuesta resulte aparentemente contradictoria, considero que pese a estas
restricciones y cuestionamientos de posibilidad, el municipio constituye el
ámbito más cercano para el ejercicio ciudadano y la participación política y,
es ahí donde se incuban los liderazgos femeninos, a partir de articulaciones
de la vida cotidiana con organizaciones sociales, gremiales, sindicales o de
cualquier otra índole que tengan presencia significativa en el municipio para
“poner en la mirada del otro” a las potenciales portadoras de demandas
sociales en general y de género simbólicamente.
El ámbito local no
puede ser mirado solamente en sí mismo, sino en sus articulaciones con el
ámbito global y en ellas se engendran las posibilidades de ampliación de la
participación política, en tanto la mirada de actores sociales e
institucionales –las feministas, organismos de Derechos Humanos, ONG de
mujeres, e inclusive agencias de desarrollo, al margen de sus intereses
específicos— se constituyen en situación base para un cambio orientado a la
ampliación de ciudadanía y a veces en garantía del ejercicio de derechos
políticos a través de las redes de articulación global, cuya trama es un
referente y un medio. Por supuesto, estas posibilidades de articulación a
redes locales y globales tienen sus límites en las propias limitaciones de
país con grandes dificultades de acceso material y persistentes patrones y
condiciones de exclusión.
La obligatoriedad y la alternancia
Si bien la Ley de
Cuotas (11) establece un mínimo de 30% de mujeres en
las listas para la Cámara Baja (Diputados) y 25% para la Cámara Alta
(Senadores), no estipula nada con respecto al nivel Municipal. Sin embargo,
esta ley constituyó la situación base para la ampliación de la participación
de las mujeres en el ámbito municipal, al respecto Lazarte señala, Aun
cuando esta facultad se refiere sólo a las listas de candidatos en elecciones
nacionales, por analogía el organismo electoral la aplicó también a las
listas de candidatos en elecciones locales, estableciendo con ello
jurisprudencia (p.259) (12).
La aplicación de la
Ley de Cuotas encontró límites en la falta de voluntad política de los
partidos, que inclusive recurrieron a impostar los nombres de los hombres
cambiando la terminación de modo que se produjo un escándalo conocido como
“los candidatos travestis” (Wills, 2005 y Lazarte); y, en la poca
disponibilidad de las mujeres en las elecciones inmediatas a su promulgación,
con el paso del tiempo estas dificultades se fueron superando, a ello
contribuyeron las organizaciones feministas, ONG y Foro Político de Mujeres (13) y en última instancia lo viabilizaron los
partidos e inclusive incorporaron a sus estatutos por la presión y cabildeo
del movimiento feminista. Los partidos han incorporado estos
principios de “discriminación positiva” en sus propios estatutos, en algunos
pocos casos elevando la cuota hasta el 50%. En los hechos, la cuota no fue
apoyada entusiastamente por los partidos políticos, aun por aquellos que la
hicieron posible. Fue necesaria una presión del lobby de mujeres para poner
en situaciones críticas a los parlamentarios que tuvieron que ceder sin
ninguna convicción (Lazarte, p. 259-260).
Se ha
institucionalizado la obligatoriedad de la participación política tanto como
vía de entrada como de salida porque la aplicación de las cuotas en el nivel
local –municipal, la instancia del Estado concreta, visible, aprehensible, el
más cercano a la vida cotidiana de la gran mayoría de los ciudadanos a partir
de 1994—, se convierte para las mujeres en 1997, con la sanción de la Ley de
Cuotas, en la posibilidad de utilizar este resquicio para proyectar sus
liderazgos hasta entonces comunales, gremiales, sindicales en participación
en cargos electivos dentro del sistema político.
Ciertamente, este
mecanismo, no garantizaba la participación cuantitativa esperada por el
movimiento de mujeres, debido a las argucias de los partidos, que ponían a
las mujeres fuera de la franja de seguridad de las listas, pero, con el
tiempo se fue perfeccionando la norma y para las siguientes elecciones
municipales se obtuvo la alternabilidad, al respecto Lazarte afirma que En
las listas de candidatos a concejales el procedimiento es más complejo, pero
esencialmente se prescribe la alternancia entre hombres y mujeres en las
primeras candidaturas, de tal modo que el conjunto comprenda “al menos” el
30% de mujeres (p.259).
Estrategias de participación
Las estrategias
para la participación de las mujeres fueron muchas y muy variadas. Hubo casos
en los que debido a sus liderazgos organizacionales, gremiales, sindicales,
los partidos las visibilizaron ante la urgencia de conseguir candidatas para
sus listas; otros en los que fueron sus propias organizaciones las que
negociaron con los partidos políticos la inclusión de sus representantes a
cambio de votos y demandas; otros en los que las organizaciones sindicales
eligieron candidatas en sus ampliados (14) y negociaron en el marco de las demandas
sectoriales con los partidos; aunque también, hubo designaciones partidarias
de tipo personal que llevaron mujeres allegadas por lazos de amistad,
parentesco y compadrazgo sin trayectoria política alguna. Estas estrategias
no niegan que también hubo vinculación política de mediana y larga data de
las mujeres a los partidos políticos, militancia con base en la ideología.
Resultados cuantitativos y cualitativos
De acuerdo a datos
consignados por la Asociación de Concejalas de Bolivia, se tiene una
participación, con alta variabilidad, habiendo alcanzado en 1999, un nivel
superior al mínimo establecido por la Ley de Cuotas. Como se puede apreciar a
continuación en el cuadro que muestra el número de concejalas electas y, la
gráfica que muestra los porcentajes:
Es importante notar
que las cifras consignadas para 1991 y 1993 hacen referencia a un número
reducido de municipios, puesto que en Bolivia con la Ley de Participación
Popular (1994) se municipaliza el territorio nacional pasando de 27 (16) a 314 municipios y se amplió la
jurisdicción de las Alcaldías Municipales, hasta entonces exclusivamente
urbana, al área rural.
La implementación
de Ley de Participación Popular (LPP), creó muchas expectativas en el
movimiento de mujeres, pero los resultados obtenidos en las elecciones
municipales de 1995 produjeron un desencanto en la participación política de
la mujer. No es casual que las elecciones municipales de 1995, primera
después de la municipalización, las mujeres alcanzaran apenas el 8.3% de los
cargos electivos en el nivel local –alcaldesas y concejalas—, este dato
muestra el bajo acceso de las mujeres a la política.
Esta situación se
explica por cuatro razones: i) la revalorización del municipio como espacio
de poder; ii) por intereses prácticos y no estratégicos de las mujeres
sobretodo en municipios con alto porcentaje de población rural, donde las
expectativas de la población estaban centradas en la construcción de obras de
infraestructura vial, sanitaria, educativa y de salud y no en la superación
de la inequidad de género; iii) porque la construcción socio cultural del
género restringe la participación política femenina; y, iv) por limitaciones
de la LPP , que propone la conformación de las instancias organizativas
territoriales municipales sobre la base de “usos y costumbres”, que en los
hechos significa, de acuerdo a las formas organizativas comunales, que son
profundamente patriarcales.
Sin embargo, como
se puede ver en los datos de las elecciones de 1999, existe un notable
repunte en los resultados electorales alcanzados por las mujeres con respecto
a las elecciones de 1995, esto se explica por dos factores: i) normativo,
ajustes al Código Electoral que determinan la alternabilidad; y, ii)
consolidación de la presencia de líderes mujeres en el ámbito local tanto
porque el tema de las cuotas se va posicionando en los partidos políticos
–aunque a regañadientes-, como porque las mujeres han sabido aprovechar el
espacio de apertura y responder al desafío mediante la formación de líderes y
con el apoyo de diversas instancias institucionales a la participación y
gestión política local de las mujeres.
La participación de
las mujeres no siempre ha garantizado una perspectiva de género y este es el
cuestionamiento a la calidad de la participación de mujeres en los
municipios. En muchos municipios se trasladó a los Concejos Municipales la
conocida práctica de las organizaciones sindicales de designar a las mujeres
en carteras vinculadas con bienestar y tesorería. Posteriormente, en casi
todos los Concejos se crearon las Comisiones de Género, generalmente
presididas por mujeres, esta fue una de las instancias estratégicas para imprimirle
a su gestión un enfoque de equidad de género en aquellos municipios en los
que en articulación con organizaciones, ONG y sobretodo con el apoyo de la
Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) se presentaron proyectos para
favorecer a las mujeres, tales como programas de alfabetización, proyectos
productivos, capacitación de líderes, etc.
ACOBOL (17) consigna muchos logros de la gestión local
con enfoque de género de las mujeres, sólo para ejemplificar, transcribo la
experiencia de una Concejala de un municipio eminentemente rural:
a partir de
septiembre de 2000 programé y realicé reuniones con las mujeres participantes
de las cumbres y los Encuentros de Avance (EDAs) municipales para informar de
la importancia para las mujeres de contar con un presupuesto para fortalecer
y capacitar nuestras organizaciones femeninas, solicitándoles apoyo para
proponer la inclusión de este requerimiento en el POA de la gestión 2001 y
gestiones posteriores, el mismo fue apoyado por todos y todas los/as
presentes que acudieron a estos eventos. (ACOBOL, 2005:55)
Otro ejemplo de
gestión con enfoque de género desarrollado por mujeres concejalas en otro
municipio:
Durante los últimos
cuatro años se realizaron gestiones ante el Ejecutivo Municipal para poder
dotar de alimentación a este internado porque al no contar con alimentación y
el costo que el mismo implica, las mujeres campesinas abandonaban el
internado dejando inconclusos sus estudios de bachillerato pedagógico y
maestras rurales, causando un gran perjuicio en sus comunidades.
Después de arduas
gestiones se logró que en julio de 2003 el Ejecutivo Municipal aprobara dotar
de un presupuesto de Bs.4.000 por mes para la alimentación de las mujeres
campesinas, logrando así que ya no haya deserción, y más mujeres campesinas
se interesen en acceder a este Bachillerato pedagógico con la seguridad de no
preocuparse si van a tener o no para su alimentación diaria. (ACOBOL,
2005:49)
3. Condiciones de inserción política
Si bien, en Bolivia
existe una ampliación de derechos políticos como se afirma líneas arriba, no
se puede ignorar que eso tiene un costo para las mujeres, en la medida que su
mayor participación económica, social y política no significa que su
condición mejore automáticamente, por el contrario restringen su tiempo
reproductivo sin lograr hasta el momento compartir esas cargas con sus
compañeros, la doble jornada femenina aún persiste y, en aquellos casos en
que la mujer es ciudadana activa y gestora del desarrollo local, pasa de
doble a triple jornada. Aquí cabe otra pregunta que aún no ha sido respondida
con respecto a la participación política ¿hablamos de ampliación vs.
restricción?
• Cooptación
Los partidos
políticos ante la necesidad de llenar el requisito de las cuotas en las
listas electorales han recurrido a muchas estrategias para resistirse a ceder
espacios que hasta antes de la exigibilidad de cuotas para las mujeres eran
ocupados sobretodo por los hombres. Una forma de cooptación de mujeres líderes
es de manera individual, pero existe también la forma de cooptación a la
organización y ésta se encarga de “facilitar” candidatas al partido. En ambos
casos, la forma de cooptación puede ser mediatizada por dinero para obras o
en base a pactos políticos.
• Subalternidad
Una vez que fui
posesionada, en el transcurso de la segunda sesión el señor Giovanni Yapura
me trajo una carta con mi renuncia escrita, pidiéndome que firme esa nota en
nombre del partido… (ACOBOL, 2005:47).
Este es uno de los más frecuentes testimonios de las Concejalas –cambian los
nombres y los municipios nada más— que habiendo sido electas son presionadas
para renunciar, algunas de ellas lo hacen, pero una gran mayoría se resiste a
veces con éxito y otras no.
Las presiones y el
trato desigual que reciben las mujeres Alcaldesas y Concejalas –con mayor
frecuencia en municipios pequeños y rurales que en municipios de las
capitales de departamentos— son frecuentes, exponiéndolas a situaciones de
maltrato verbal, psicológico e inclusive físico, descrédito moral ante la
comunidad, lo que las propias Concejalas campesinas han denominado de
“acusaciones de corrupción sexual”.
Este tipo de
actitudes dan cuenta de un trato subalterno y despectivo, al cual las mujeres
no siempre están en condiciones de resistir o responder de manera favorable
para sí mismas y al cargo que representan.
“El año 1999 me
presenté a las Elecciones Municipales como candidata a primera concejala
suplente, representando al Partido Comunista de Bolivia (PCB). Mi partido ha ganado
las elecciones y obtuvimos tres concejales (sobre un total de cinco). Mi
titular fue elegido Alcalde Municipal, por lo que yo tenía que asumir la
titularidad, pero no me han dejado, hubo reuniones con el partido donde me
exigían que me inhabilite para que el candidato Benigno Cano sea titular.
Rechacé esta propuesta pero los hombres me presionaron, y no había quien me
apoye. Ante tanta presión acepté que durante media gestión Benigno Cano sea
titular y yo durante la otra media gestión. Me dijeron que no sabía nada
porque era mujer, han hablado hasta con mi marido por eso he tenido que
aceptar aunque sabía que era algo muy injusto porque yo fui dirigente de la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, representando a la
Secretaria de la Organización de Mujeres y hablo tres idiomas: español,
quechua y aymara”.
“Cuando pasaron los
dos años, participé de una reunión donde les recordé de nuestro acuerdo pero
me trataron mal. La discriminación contra la mujer es muy grande, incluso
dentro de los partidos. Al principio nos ofrecen todo y después que se
consigue el espacio nos tratan como ‘basura'. Les dije que me iba a quejar en
la ciudad pero ellos se adelantaron y el jefe de partido me dijo que lo
dejara continuar como concejal titular al señor Cano porque era un buen
dirigente y que yo “me iba a quemar”. Me di cuenta que es un poco difícil ser
concejal pero si uno se esfuerza aprende. Luego de consultar con un abogado y
presionar por un año y ocho meses, al final cedieron y pude asumir como concejala
titular. Por ello, el H. Cano se enojó conmigo y empezó a denigrarme en el
pueblo; dijo que yo era pobre, ignorante; que el tenía plata pero no me
importó. Ha llevado “cuentos” a mi marido lo que me ocasionó más de una pelea
de pareja. Pero después mi esposo me ha comprendido y me ha apoyado porque ha
visto como me discriminaban”. ( ACOBOL, 2005: 53)
Me permití la
transcripción in extenso de la experiencia de una Concejala,
que consigna ACOBOL en su publicación sobre las experiencias de las
Alcaldesas y Concejalas, por la cantidad de elementos que aporta para
entender las relaciones de poder imperantes en el ámbito local y con el cual
tienen que lidiar las mujeres para ejercer sus derechos políticos.
Cerca del amanecer
Pese a esta
participación histórica significativa en tanto trayectoria, la ciudadanía
política ejercida por las mujeres tiene grandes limitaciones que devienen de
la cultura autocentrada en referentes masculinos. Sin embargo, como se puede
constatar a lo largo del presente artículo, los espacios de participación
política por los que las mujeres en Bolivia están transcurriendo, van desde
los partidos políticos, movimientos sociales, gobiernos municipales y otros,
más allá de la cuestión de la cantidad y la calidad de esa participación. Lo cual,
muestra que pese a las restricciones y a las dificultades que las mujeres han
tenido que enfrentar para poder ejercer su ciudadanía política, finalmente,
se puede ya hablar de que se ha abierto una brecha en la cual, habrá que
trabajar para ensancharla y ejercer desde ahí un poder real con perspectiva
de equidad género.
Bibliografía
ACOBOL, E
xperiencias de alcaldesas y concejalas de Bolivia. Nuestra contribución a los
Municipios 2005
GARCÍA MÉRIDA,
Wilson, Sobre un episodio inédito en la historia del feminismo boliviano:
Recuerdos del Primer Congreso Feminista. Servicio Informativo Datos &
Análisis. 29 Nov 2005.
JIMÉNEZ, Maritza,
“Mujer y participación política” . En Seminario nacional mujer,
género y desarrollo . Coordinadora de la mujer, Misión de
Cooperación Técnica Holandesa-Plataforma de la mujer-Fundación San Gabriel,
La Paz. 1992
Lazarte, Jorge, R egulación
jurídica de los partidos políticos en Bolivia , s/f
Pateman, Carole,
“Críticas feministas a la dicotomía publico/privado”, en Perspectivas
feministas en teoría política , Carmen Castells (comp.), Buenos
Aires, Paidos, 1996, pp. 31-52
Wills Obregón,
María Emma, “Las cuotas de mujeres en el área andina: inferencias de una
comparación”, en Magdalena León (editora)Nadando contra la corriente.
Mujeres y cuotas políticas en los Países Andinos , FLACSO. 2005.
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